Mayo-2013
Se
viene la cuenta pública del Presidente. La última de su período. Y como es de
esperar, el énfasis estará puesto en los logros de su gobierno. Sin duda,
veremos un discurso extremadamente autocomplaciente en el que todo es éxito y
bienestar para los chilenos. Será, un relato –en el contexto de la disputa
presidencial- en que se marcarán diferencias con lo ocurrido durante el
gobierno de Bachelet en el sentido de “mostrarle
a los chilenos” que mientras la anterior administración fue mala –cuyos
hitos se instalan todos los días en la prensa-, la actual gestión es buena y
exitosa.
Pero,
no sólo se trata de balances y exaltación, sino también de anuncios. Estos
últimos, son uno de los momentos más esperados de estas intervenciones. No
será, en esta ocasión, la excepción. Sin embargo, por los rasgos de la
coyuntura es altamente probable que dichos anuncios estén orientados a
fortalecer las opciones presidenciales del sector.
En
consecuencia, será un discurso que en clave connotativa interpelara a los
chilenos a que deben seguir dándole la confianza al oficialismo; y de ese modo,
darle continuidad a la obra y a su gobierno. Un empujón a sus candidatos
presidenciales.
¿Qué traerá este discurso en materia
de reformas políticas?
Los
tres discursos que ha pronunciado Piñera el 21 de mayo han tenido entres su
tópicos principales la “agenda política” del sector.
Mientras en el primero se definió la hoja de ruta –que ya se encontraba en su
programa de gobierno-, en los siguientes se hizo un balance que daba cuenta de
los avances que iba teniendo la “agenda democrática” del oficialismo.
La
“agenda política” del gobierno está en directa relación al diagnóstico que hacen de la democracia chilena. En esa dirección,
han afirmado desde antes de llegar a La Moneda que nuestra democracia esta “enferma y agotada… muestra signos de
agotamiento… -y, por tanto-… hay que perfeccionarla”. Como una
forma de responder a esta situación, diseña su “agenda democrática” que se plasma en los discursos del 2010 y 2011.
En
esa dirección, plantea nueve medidas: 1). La primera se orienta a “rejuvenecer nuestra democracia y ampliar la
participación ciudadana” por medio de la Inscripción automática y Voto voluntario. 2). El Voto de los chilenos
en el extranjero. 3). Fortalecer la “democracia
regional y comunal haciendo más directa y participativa la elección de sus
autoridades”. En esta dirección se instala la elección popular de los
Consejeros Regionales. 4). Cambio de fecha de las elecciones presidenciales. 5). Reforma a la Ley de Partidos Políticos orientada a que sean “más transparentes, democráticos y abiertos
a la ciudadanía”. 6). Ley de primarias voluntarias, vinculantes, simultáneas y organizadas por
el Estado, para elegir a los candidatos a cargos de elección popular”. 7). Creación de “la iniciativa popular de ley” que “permite que con las firmas del 0,1% de los electores, los ciudadanos
puedan presentar proyectos de ley al Congreso Nacional, que no sean de
iniciativa exclusiva del Ejecutivo”. 8). Simplificar “los plebiscitos comunales
para facilitar la participación de los vecinos” y 9). Perfeccionamiento de los proyectos de ley sobre “declaración de
intereses y patrimonio de autoridades” (ley de probidad). En relación a esta última
modificación se encuentra la ley de lobby y el acceso a la información pública.
Al revisar estas medidas y sus
fundamentos, se observa que el gobierno busca resolver los problemas de esta
democracia “agotada” por medio de la
participación ciudadana. En efecto, para el gobierno la crisis de la
democracia es, finalmente, una crisis de participación.
Para ellos, ahí empiezan y
terminan los problemas de la política. No obstante, al revisar los avances de
dichas medidas, vemos que a finales del 2011 sólo se había materializado la ley
que cambiaba las fechas de las elecciones presidenciales y -a última hora- la
ley de voto voluntario. En definitiva, en dos años muy poco avance.
No obstante, durante el 2011 los
problemas de la política sólo aumentaron. Las presiones, por tanto, para la
agenda política del gobierno generaron las condiciones para avanzar de modo más
rápido. Su diagnóstico inicial se profundiza. En efecto, en
los dos primeros discursos del 21 de Mayo vemos un diagnóstico similar.
Sin
embargo, en el 2012 hay una visión más pesimista al agregar que nuestra democracia
“está perdiendo fuerza y vigor y sufre los embates de
enfermedades que la debilitan”. Para el oficialismo la debilidad de la democracia
chilena se expresa en tres dimensiones: a)
Una “ciudadanía cada día más distante de
la política”, b) Un “envejecimiento progresivo de nuestro padrón
electoral” y c) Una “muy mala evaluación de nuestras
instituciones políticas, especialmente el Congreso y los partidos políticos”.
Por ello, “debemos construir una
democracia más vital, cercana, transparente y participativa”.
Al revisar el cumplimento de la “agenda política” del gobierno hasta Mayo
del 2012, vemos que los avances son mínimos. A la fecha, los resultados son los
mismos que a fines de Diciembre.
Al evaluar la “agenda democrática” a Mayo del 2013
vemos que el gobierno ha logrado avanzar en la Ley de Primarias y en la
elección popular de los Consejeros Regionales. Sin duda, avances que mostrara
orgulloso en los próximos días.
De los nueve puntos de la agenda
política, puede mostrar avances en cuatro de ellos: cambio en las fechas para
las elecciones presidenciales, voto voluntario, primarias y CORES. Si bien, se
trata del 50% de lo planteado, ha logrado aprobar proyectos emblemáticos desde
el punto de vista del diagnóstico que hacen de la crisis de la democracia
chilena y de las formas que hay para solucionarlos.
¿Qué más se le puede pedir al gobierno en materia de reformas políticas?
De hecho, en materia de reformas políticas hicieron los cambios y
aprobaron las leyes que plantearon desde el primer momento. Ni más, ni menos.
Este gobierno no puede avanzar ni un centímetro más en reformas políticas. Ha
tocado techo. Por ello, hay que evaluar lo prometido v/s lo cumplido; y
punto. En esa dirección, por tanto,
todavía tiene tiempo y espacio político para seguir avanzando en su agenda de
reformas políticas; sobre todo, en lo referido al voto de los chilenos en el
exterior y a partidos políticos –obviamente, no respecto a su financiamiento-.
No se le puedo evaluar, por
tanto, por no impulsar la reforma al binominal, la elección de los intendentes
o una nueva Constitución. Simplemente, no están en su ADN. Estas reformas, por
tanto, son el deber político de una coalición distinta.
Lo que, si podemos hacer, es
criticar su diagnóstico y las forma de resolver la actual “crisis en la
política”. En esa dirección, resulta evidente constatar que las reformas que ha impulsado son de bajo impacto
porque no avanzan en la profundización democrática del país ni resuelven la
crisis de “participación, legitimidad y representación” que nos invade.
Si bien, el
énfasis –de las reformas- está puesto en la participación, vemos que han
sido un rotundo fracaso. Al contrario, han terminado profundizado la crisis de
participación. Me refiero, en rigor a lo que ocurrió con la inscripción automática
y el voto voluntario y la alta abstención manifestada en las últimas
municipales. La Ley respectiva, sólo evidencio la crisis. Los ciudadanos siguieron
sin participar. Ahora, la Ley de primarias y la elección directa de los CORES
tendrán su prueba de fuego en Noviembre. Sin embargo, ya podemos vislumbrar
otro fracaso político-legislativo. La gente, seguirá sin participar y marcando
distancia.
Se observa, por tanto, que las reformas que buscan
“mejorar” la democracia chilena no van a dar solución al diagnóstico inicial.
El gobierno, ha optado por reformas que se orientan a la participación. El
problema y la debilidad es que han optado por la cantidad y no en la calidad;
es decir, en más electores y no en la calidad de la institucionalidad. De
hecho, la cantidad se vincula con la Inscripción automática y voto voluntario,
el cambio de la fecha de la elección presidencial, el voto de los chilenos en
el exterior, las primarias y los CORES. Con la calidad de la participación
podemos ubicar a la iniciativa popular de ley y a los plebiscitos comunales.
En definitiva, el gobierno ha tratado de “revitalizar” la democracia chilena por
medio de la participación centrada en la cantidad.
Entonces, ¿cómo se va resolver la
crisis de participación, legitimidad y representación?
Para ello, hay que avanzar en reformas políticas
duras de alto impacto. En esa dirección encontramos la Reforma Constitucional que garantice mínimos de bienestar, que
termine con el rol subsidiario del Estado y recupere riquezas básicas; la reforma al binominal que termine con el
empate perpetuo; la elección de los
Intendentes y descentralización financiera para avanzar hacia una real
descentralización política; el limite a la reelección
de los parlamentarios que ponga fin a las oligarquías políticas, limitar el presidencialismo para
entregar poder al parlamento –y a los representantes-, financiamiento de los partidos políticos y establecimiento de mecanismos
para fortalecer la sociedad civil.
Sin embargo, todos estos cambios serán vacíos e
inútiles si no hay avance en las actitudes,
formas y estilos de los actores políticos. La clase política, debe
entender, que la democracia no sólo se fortalece ni profundiza con reformas y cambios
a la Ley. Junto a ellos, debe existir un
tipo de relación política centrada en las personas, en la coherencia y en la
confianza. En el último tiempo, se ha venido insistiendo en que hay que
desterrar las “malas prácticas” de la política; ya que, con ellas se contribuye
a su desprestigio. Lamentablemente, en la política se juega el rumbo de la
historia; y eso, no puede quedar a la voluntad de las buenas costumbres.
Por ahora, el gobierno ya agotó su oferta y nada
más tiene por hacer –ni ofrecer- en reformas políticas. Hoy, es la hora de
generar las condiciones para avanzar y poder impulsar cambios que contribuyan a
abrir una nueva fase de reformas políticas.