sábado, 28 de marzo de 2015

Las Reformas, Marco Enríquez-Ominami y su camino a La Moneda

Marzo-2015

El debate presidencial que viene va girar en torno a una coyuntura en que los ciudadanos se van a pronunciar sobre la profundización, consolidación o retroceso de las reformas. Más reformas o menos reformas será la disyuntiva. En este contexto, ¿qué rol juega y que perspectivas se abren para Marco?

El posicionamiento de Marco Enríquez está directamente vinculado a la reformas y a la transformación social. Por ello, sus probabilidades presidenciales aumentan en la medida en que las reformas sociales y políticas que dominan la coyuntura gocen de “buena salud” y la ciudadanía este mayoritariamente por profundizarlas, al menos, estabilizarlas.

No podemos olvidar, sin embargo, otras dos condiciones para que Marco se convierta en Presidente de Chile: consolidar y aumentar su posicionamiento presidencial en las encuestas y resolver sus tensiones favorablemente con la Nueva Mayoría. Respecto de las encuestas, hemos observado en otros análisis, que está muy bien posicionado. Cómo la política es muy dinámica y las coyunturas cambian hay que seguir observando lo que dicen y reflejan las encuestas futuras. En esta ocasión, voy a poner atención en la “salud de la reformas” y de ahí proyectar las posibilidades presidenciales de Marco.

El tema de las reformas y su impacto en la opción presidencial de los progresistas no sólo se remite al apoyo ciudadano de las reformas –expresado en las encuestas-, sino también al espacio político para seguir instalado y profundizando la “era de las reformas”.

El Bacheletismo y la Nueva Mayoría instalaron la tesis de que el arrollador triunfo de Bachelet en la primaria y en la presidencial era un respaldo político a las “reformas estructurales” que el gobierno iba a impulsar. Lo mismo se hizo extensivo al triunfo parlamentario. Sin embargo, a medida que empezaba la gestión política de la nueva administración ese apoyo se iba diluyendo de manera paralela a cómo caía la aprobación presidencial, del gobierno y de los Ministros asociados a los proyectos emblemáticos.

La reforma tributaria. La medición de Plaza Pública-Cadem muestra que a comienzos de abril del 2014 el acuerdo con la reforma llegaba al 52%. Un año después la baja de 30 puntos porcentuales es muy significativa al llegar al 32%. A su vez, las cifras de Adimark muestran que el acuerdo con esta reforma baja seis puntos entre mayo del año pasado (51%) y febrero de este año (45%).

La reforma educacional. La medición de Plaza Pública-Cadem muestra que a fines de abril del 2014 el acuerdo con la reforma llegaba al 60%. Un año después la baja de 25 puntos porcentuales es muy significativa al llegar al 35%. A su vez, las cifras de Adimark muestran que el acuerdo con esta reforma baja 11 puntos entre mayo y febrero al bajar del 58% al 47%.

La reforma laboral. La medición de Plaza Pública-Cadem muestra que a fines de diciembre del 2014 el acuerdo con la reforma llegaba al 41%. Tres meses después a fines de marzo llegaba al 32%. No obstante, hacia mediados del 2014 esta reforma según a CEP gozaba de muy buena salud.

La reforma constitucional. A la fecha no hay mediciones que den cuanta del impacto que va teniendo su tramitación. No obstante, a fines del 2013 el 45% -según la CEP- estaba de acuerdo con una Asamblea Constituyente. Del mismo modo, en Enero del 2014, la encuesta del Cerc mostraba que el 71% estaba de acuerdo con una nueva constitución. La misma encuestadora muestra que en julio del 2013 el 37% considera que Chile “necesita una nueva constitución” y el 46% que sólo hay que “reformar” la actual constitución. En octubre del 2014 hay una baja en ambas respuestas; al 34% y 42% respectivamente. Lo más probable, es que al comenzar la tramitación de la nueva constitución el apoyo ciudadano disminuya del mismo modo como ha ocurrido con las otras reformas.

Por último, es interesante el dato de la CERC-MORI de enero de este año en el que el 47% de los encuestados afirma que “los cambios van en la dirección equivocada”. A su vez, el 41% considera que van “en la dirección correcta”. La pregunta de la CEP de mediados del año pasado acerca de “¿por qué cree que la gente escogió a Bachelet?” muestra que para el 54% fue “por la confianza en ella como persona”; sólo para el 26% fue por “su programa de gobierno”, es decir, por las reformas.

Los datos muestran, por tanto, que la “salud de las reformas” se comienza a deteriorar. El gobierno comprometido con la ciudadanía y con un programa que se le han atribuido características “religiosas” ha llevado adelante su ambicioso proyecto pagando altos costos políticos no sólo por problemas internos de gestión, comunicación y coordinación, sino también por la magnitud de los intereses en juego.

De hecho, al terminar este gobierno e iniciar la nueva administración –y con ello, el nuevo ciclo político- serán muchas las reformas significativas aprobadas e implementadas: tributaria, educacional, laboral, políticas y valóricas.

En este contexto: ¿qué reformas y en qué áreas se podrá seguir profundizando las reformas “contra-neoliberales?

Marco Enríquez inicio su proyecto presidencial en el 2009 con una intensa y potente agenda de transformaciones en el contexto de una sociedad que clamaba por cambios desde fines de los noventa. Sin embargo, fue la derecha con Piñera y la tesis del “cambio” y del “desalojo los que llegaron a La Moneda. No obstante, el 20% obtenido por Marco no sólo fue un gran resultado político y electoral, sino también un piso sobre el cual se levantaban grandes esperanzas para la siguiente elección. Luego, en las presidenciales del 2013 la oferta de cambio estuvo asociada a la imagen “religiosa” de Bachelet y la oferta de los progresistas fue anulada al bajar su votación de manera muy significativa.

Marco y los progresistas se enfrentan a una nueva competencia presidencial. Hemos visto y justificado que en las encuestas está en un lugar de privilegio. Sin embargo, esta posición se puede debilitar en la medida en que las reformas pierdan “aprobación ciudadana” y disminuya el espacio político para más reformas y cambios.

De algún modo, Marco está enfrentado a la necesidad política de “re-inventarse” e instalar un relato que por un lado de continuidad a los cambios y por otro “re-encante” a los ciudadanos con una agenda de cambio que al parecer se va diluyendo. No hay que olvidar que muchas de las propuestas de Marco y los progresistas ya forman parte del Chile actual o lo van a ser a fines de la actual administración: fin binominal, elección directa Cores e Intendentes, Voto chilenos en el exterior, fin lucro en educación, reforma tributaria, temas valóricos, etc.

Sin duda, quedaran aspectos prioritarios pendientes; sobre todo, si en esta fase no se avanza en reformas políticas y se ralentiza el cambio constitucional. Ellos se relacionan, principalmente, con  profundizar la democracia para transitar de una democracia representativa, liberal y clásica hacia una democracia participativa, ciudadana y más directa. En esa dirección, hay un amplio espacio para instalar reformas políticas como: referéndum revocatorio, límites a la re-elección, plebiscitos vinculantes a todos nivel, reducción dieta parlamentaria, iniciativa popular de ley, rendición de cuentas, congreso unicameral, régimen de gobierno semi-presidencial, federalismo atenuado, fomento de una democracia electrónica, etc.

En el plano de las libertades civiles e individuales siempre habrá espacio para avanzar en sentido progresista. Del mismo modo, hay espacio para profundizar la “era de las reformas” y transitar de una economía desregulada y especulativa a una economía regulada y productivista. En relación a los recursos naturales también hay espacio para re-inventar la agenda progresista; sobre todo, en relación al agua, los recursos pesqueros, forestales y mineros que, sin duda, serán los grandes pendientes de los próximos años.


En definitiva, las aspiraciones presidenciales de Marco y los progresistas son directamente proporcionales a la demanda ciudadana por cambios. Si estas últimas se debilitan, lo hará irremediablemente también la opción de Marco Enríquez. En consecuencia, el desafío político es mayor; sobre todo, en momentos en que las fuerzas conservadores de izquierda, de centro y derecha no están dispuestas a seguir perdiendo cuotas de poder.

jueves, 19 de marzo de 2015

El largo camino hacia la constituyente

Marzo-2015

Que el sistema político está en crisis es un diagnóstico compartido por distintos actores de la política. El “triángulo de las bermudas” configurado por el efecto PENTA, SQM y CAVAL no sólo ha profundizado y consolidado la tesis de la crisis, sino también ha encendido las alarmas. Las últimas semanas hemos escuchado opiniones de todo tipo: “la gente no nos cree”, “hay que recuperar las confianzas”, “es una situación terminal”, “es un escenario complejo”, “esto no da para más”, etc.

De modo paralelo el fantasma del populismo, de los liderazgos caudillistas e incluso de una potencial regresión autoritaria, ha comenzado a preocupar a todos aquéllos interesados en que la democracia liberal clásica y representativa siga funcionando. Pero, la preocupación no sólo tiene que ver con los valores democráticos, sino también con el miedo a perder los privilegios que esa misma democracia ha generado para una “casta” de políticos que circulan entre La Moneda, el Congreso y los directorios de las empresas y sus salones. Están preocupados. Qué duda cabe.

 El problema que tienen es doble: por un lado, ¿cómo resolver esta crisis que ha sido caracterizada como de “credibilidad”; y por otro, qué hacer para frenar los potenciales escenarios de conflicto que puedan seguir profundizando la crisis actual? En este sentido, la arista Soquimich amenaza desde las sombras con seguir agregando elementos que aumenten la debilidad de la política y la distancia con la sociedad.

Los buenos diagnósticos son fundamentales para una solución efectiva. Por ello, decir que se trata de una “crisis de credibilidad” es mezquino y errado. Sin duda, es más profundo y complejo. Del mismo modo, hay que apuntar que todavía el sistema político tiene condiciones de gobernabilidad y la democracia goza en general de buena salud.

Mi diagnóstico afirma que la crisis es triple: de legitimidad, de participación y de representación. En términos generales, la crisis de “legitimidad” se expresa en el desprestigio, en la falta de confianza y en la credibilidad; la crisis de “participación” se manifiesta en que la gente –los ciudadanos- no les interesa la política ni menos formar parte de su institucionalidad y la crisis de “representación” se expresa en que los políticos no tienen la capacidad de representar e intermediar intereses.

Desde los noventa, de modo silencioso y lento, se fue erosionando la legitimidad, debilitando la representación y desincentivando la participación. La política siempre llegaba tarde. Frente a cada “coyuntura crítica” se tenía una respuesta desde las entrañas del sistema. Así, fueron surgiendo leyes y reformas que tendían a corregir los “males” que iba apareciendo: la democratización de los municipios es la reforma política más relevante de la era Aylwin. Con Frei, la reforma más relevante es la ley de probidad de 1999; que contiene muchos elementos sugeridos por la Comisión Nacional de ética pública de 1994 que surge como respuesta a un clima de denuncias de corrupción pública.

Años después, nuevamente frente a una crisis de transparencia y corrupción surge el acuerdo Lagos-Longueira que viene –según dijeron- a modernizar el Estado y darle transparencia a la función púbica. Así, surge en el 2003 la ley # 19.882, 19.884 y 19.885. 12 años después, nuevamente vemos cómo surge una nueva comisión para la probidad y la transparencia: 20 años y cuatro comisiones para lo mismo.

Finalmente, en el gobierno de Lagos se produce  la reforma constitucional del 2005 que termina con los senadores designados y restituye el poder civil sobre el militar –al menos, a nivel formal-. Son, sin duda, las reformas políticas más relevantes del período.

Con la Bachelet 1.0 no se registran reformas políticas significativas; no obstante, también se constituyó una comisión para la probidad y la transparencia. Con Piñera se produce una fuerte aceleración de las reformas políticas; sobre todo, desde el 2011 cuando los movimientos ciudadanos se instalan como un nuevo actor político. Primarias, elección directa de Cores y voto voluntario e inscripción automática son las más relevantes del período.

Desde Piñera no sólo legislan por la probidad y la transparencia, sino también ha llegado el momento de fomentar la participación ciudadana. Con la Bachelet 2.0, las reformas políticas forman parte de la agenda de modo significativo; no sólo está el compromiso político de una nueva constitución, sino también se terminó con el binominal, se aprobó el voto de los chilenos en el exterior, ley de lobby y se avanza hacia una nueva forma de financiamiento de la política y a la elección directa de los Intendentes. Del mismo modo, se avanza en una agenda de probidad y transparencia.

Vemos, por tanto, que desde los noventa frente a “coyunturas críticas” –principalmente, asociadas a casos de corrupción y tráfico de influencias- la élite política ha respondido con dos tipos de leyes: las que apuntan a darle mayor transparencia a la política y su relación con el dinero y las que se vinculan con la participación. Parece que nada funciona. Nada ha funcionado.

No podemos olvidar las reformas que han ido quedando en el camino: iniciativa popular de ley, referendo revocatorio, disminución de la dieta parlamentaria, rendición de cuentas –accountability-, límite a la reelección, referendos consultivos nacionales y locales.

Y hoy, desde el gobierno se ha creado un consejo asesor –lleno de cuestionamientos-, desde los partidos y centros de estudio han surgido muchas iniciativas que buscar regular la relación entre dinero y política y el Congreso ha desempolvado algunos proyectos. Al mismo tiempo han surgido ideas y proyectos que se orientan a frenar la “caída libre” de la actividad. En este contexto, se inserta el re-impulso del referéndum revocatorio impulsado por Marco y algunos diputados y la polémica que surge en torno al fuero parlamentario.

Resulta, evidente, observar que el único modo político para re-legitimar el sistema político, hacerlo participativo y restablecer el vínculo representado/representante es por medio de un nuevo pacto político: una nueva constitución. Y, más aún, debe hacerse a través de una  asamblea constituyente.

En este contexto, por tanto, la coyuntura que se abre con el “triángulo de las bermudas” genera condiciones políticas para avanzar en esa dirección. Independientemente del contenido, una asamblea permite: a) re-fundar el vínculo entre el “representado” y el “representante”. Esta refundación reduce la distancia entre la política y la sociedad y restituye las confianzas, b) fomenta y estimula la participación ciudadana, c) re-legitima la democracia, la política y sus actores, d) genera un vínculo emocional entre el ciudadano, la política y su ordenamiento institucional y e) restituye la credibilidad y la confianza.

Todo indica que se avanza inexorablemente hacia un nuevo pacto político. Ahora, que se haga por medio de una asamblea constituyente es asunto de la política, del poder y de la correlación de fuerzas. Si bien hay condiciones favorables, las alternativas son muchas; como también, los intereses en juego.

martes, 10 de marzo de 2015

El relevo de la élite y la constituyente

Marzo 2015

El caso Penta, Caval y SQM han terminado por derrumbar la poca legitimidad y credibilidad que le quedaba al sistema político chileno. La participación política, los indicadores de imagen y aprobación de los gobernantes –presidente, ministros, coaliciones, jueces y parlamentarios- siguen en caída libre. La élite durante las últimas semanas ha emitido declaraciones alarmistas y preocupantes: “crisis terminal”, “crisis severa”, “esto no da para más”, estamos en “la UTI” o que “estamos peor que cuando se hizo el acuerdo MOP-GATE”.

¿Cómo salvar la institucionalidad y recuperar la credibilidad y la cada vez más escasa legitimidad del sistema político? es una pregunta recurrente que se ha instalado en las élites. La respuesta inmediata ha sido una agenda de probidad y transparencia. Sin duda, una medida insuficiente.

En términos generales hay que decir que la crisis actual es triple: de representación, de participación y de legitimidad. Y que para responder y explicar el ¿cómo se llegó a esta situación? hay que hacer un análisis de largo plazo en el que el sistema institucional fue incapaz de dar solución a las demandas que fueron surgiendo desde el plebiscito del ’88. En rigor, las tendencias de cambio que iban surgiendo en la medida que la sociedad cambiaba se estancaban y se acumulaban. Lentamente, por tanto, se fue erosionando la legitimidad, debilitando la representación y desincentivando la participación.

Este largo período de 30 años hay que dividirlo en dos sub fases. La primera, entre la coyuntura fundacional del ’88 y las reformas constitucionales de Lagos en el 2005 que termina con los senadores designados, restituye el poder civil sobre el militar –por lo menos, a nivel formal- y genera condiciones para el cambio electoral. La segunda, se extiende entre la emergencia de Bachelet 1.0 con la tesis del “gobierno ciudadano” y el fin del gobierno de la Bachelet 2.0 en marzo del 2018. Solo, desde esta fecha entramos de lleno en la política y en el país del nuevo ciclo socio-político.

Esta segunda fase de 12 años se caracteriza por ser una forma de transición que tensiona el pasado “duopolico” y neoliberal con el Chile del nuevo ciclo socio-político que comienza a emerger con la Bachelet 1.0 y que adquiere fuerza y claridad con Piñera.

En consecuencia, la actual coyuntura dominada por el desplome de la legitimidad de los actores del poder es parte de una larga transición que se abre con Bachelet en el 2005/2006 cuando se instala en el gobierno “una mujer” con toda una épica asociada, cuando comienza una escalada de movilización social –de corte laboral-, cuando emerge la demanda estudiantil con la “revolución pingüina”, cuando salen a la calle 40 mil mujeres reclamando por el derecho a la píldora del día después y cuando se acelera la descomposición de la Concertación para terminar a finales del 2009 con un quiebre de proporciones –expresado en dos candidaturas- y con una derrota política y electoral humillante.

Este proceso de transición se prolonga y profundiza con Piñera. En esta fase se levanta con fuerza y legitimidad la demanda ciudadana; expresada, en la movilización estudiantil, regional, ambiental, en la diversidad sexual y en las libertades ciudadanas. En consecuencia, desde agosto del 2011 el proceso de transformación y agotamiento del Chile del “consenso neoliberal” y su correlativa configuración del poder se acelera. En el gobierno de Piñera no sólo se profundizan las tendencias de cambio –que se vienen manifestando desde fines de los noventa-, sino también se reformula la Concertación, comienza la crisis  actual de la derecha y se instala con fuerza y legitimidad la “era de las reformas” contra neoliberales. Desde ese momento se rompe el cerco duopolico.

La última fase de esta transición se abre en marzo del 2014 con la Bachelet 2.0. Se trata, en lo grueso de un período que está dominado por un conjunto de reformas y hechos que terminarán por modificar la configuración nacional del poder: nuevos temas, nuevas demandas, nuevos rostros, nuevos estilos, nuevas generaciones, nuevos actores políticos y sociales y movimientos sociales.

Vemos, por tanto, que estamos en los últimos momentos de una larga transición que marca el paso de una “democracia desigual” a una “democracia ciudadana”, de una “economía de mercado desregulado” a una “economía de derecho” y de una “cultura conservadora” a una “cultura plural y diversa”.

En este contexto se ha instalado el “triángulo de las Bermudas”: Penta, Caval y SQM. Los hechos que constituyen este núcleo de conflicto van a terminar por decapitar el sistema de poder que ha dominado los últimos 30 años y re-definir la configuración nacional del poder.

En consecuencia, el derrumbe de la legitimidad de los actores de la política, de la economía y de la ideología genera las condiciones políticas para que emerjan dos hechos políticos y sociológicos de suma importancia para re-valorizar la política y relegitimar la democracia: el surgimiento y consolidación de nuevos actores de la política y la instalación de un nuevo pacto político constitucional que legitime la nueva configuración del poder y termine por consagrar el nuevo ciclo político.

Mientras el primero tiene que ver con el relevo de la élite duopolica -y su brazo ideológico y económico-, el segundo tiene que ver con una nueva Constitución vía Constituyente.

En este contexto las nuevas fuerzas políticas que se expresan en nuevos liderazgos, partidos, movimientos, fundaciones, centro de pensamiento, ONG, actores sociales y ciudadanos tienen el objetivo político de liderar el proceso de re-encantamiento no sólo por medio de nuevos rostros y estilos, sino también con “relatos” que se conecten con las demandas de los “nuevos tiempos”.

Finalmente, el nuevo ciclo político requiere para su consolidación y plena expresión un nuevo pacto político: una nueva constitución. Sin embargo, este “pacto político” que debe responder a la nueva configuración del poder no puede ser realizado y conducido por los mismos que hoy han perdido legitimidad y tienen al sistema político en una situación de “alta vulnerabilidad”. Por ello, el camino de la constituyente se convierte en una poderosa fuente de re-legitimación y de fortalecimiento democrático.

De este modo, el relevó de la élite duopolica y una nueva constitución de corte constituyente son las dos condiciones necesarias para la “re-legitimación” de la política. El fin del binominal, la nueva forma de financiar la política y la “agenda de la inclusión” abre grandes posibilidades para potenciar este movimiento de los “nuevos”.

Pero, como esto es política “los viejos” querrán mantener sus cuotas de poder y sus privilegios asociados. A su vez, “los nuevos” están obligados a luchar por lo suyo. En política nada se regala. Y como en toda época las fuerzas conservadores y regresivas se tensionan con las fuerzas progresistas de los nuevos tiempos.