viernes, 24 de abril de 2015

Crisis, parálisis y la búsqueda de la legitimidad

Abril-2015

Los últimos meses una de las aristas del debate público ha girado en torno a que el gobierno está “paralizado”, en un “marasmo” y en una evidente situación de estancamiento. La sequía legislativa, el estancamiento de las reformas, el no asumir el control de la agenda sobre todo en la perspectiva de liderar la “resolución de la crisis” y el estancamiento económico ha sido los hechos que se han invocado para instalar la tesis de la paralización. 

Dos son las afirmaciones dominantes: un gobierno paralizado –sin iniciativa ni legitimidad- y gobierno sin conducción ni liderazgo. Ha llegado a tal la magnitud la sensación ambiente que han surgido rumores de que la presidenta ha pensado en renunciar y en las últimas semanas se ha hablado de que se podrían adelantar las elecciones; sobre todo, si la situación “empeora”. Incluso, un ex presidente afirmó que había llegado el momento de “hacer algo radical”.

Este análisis va dirigido a responder estas dos preguntas: ¿está paralizado el gobierno? y la presidenta ¿tiene problemas de liderazgo y de conducción política?

El gobierno no está paralizado.

Desde el punto de vista institucional no hay parálisis. Desde el punto de vista político tampoco. En efecto, las instituciones y los actores del poder siguen cada uno realizando sus labores constitucionales y políticas. En medio del triángulo de las Bermudas: PENTA-CAVAL-SQM y de una crisis que parece no tener fondo el gobierno sigue gobernando, impulsando sus “reformas estructurales”, liderando la resolución de la crisis y al mismo tiempo atendiendo los múltiples problemas y situaciones que todo gobierno debe enfrentar. Se podrá criticar de un lado y otro que lo está haciendo mal, que no se comunica bien, que la gestión, que el estilo y que hay que cambiar los ministros, etc.; pero, lo sustancial es que el ejecutivo está gobernando y el país tiene condiciones de gobernabilidad y estabilidad democrática. En consecuencia, el gobierno no está paralizado, no hay crisis de gobernabilidad, no estamos ad portas de un quiebre institucional ni frente a la amenaza inminente de un proyecto populista. Como tampoco, de un movimiento de “desobediencia civil” ni de turbas que arrasan con todo lo que encuentran a su paso.           

Que los niveles de aprobación son bajos, que ha bajado la credibilidad de la presidenta, que la élite política no tiene credibilidad, que la empresa del gran capital este cuestionada moralmente y que la Iglesia Católica pierda su capacidad normativa, no son hechos ni situaciones suficientes como para instalar la tesis de la paralización y de que el gobierno no tiene liderazgo ni conducción.

La presidenta sí tiene liderazgo y capacidad de conducción política.

Que la presidenta no tiene liderazgo es una “afirmación política” que venimos escuchando desde su primera campaña presidencial: ¿es posible llegar a la presidencia de un país sin liderazgo?, ¿es posible llegar a la presidencia de un país por segunda vez sin liderazgo?

No hay duda que su estilo Bachelet entra en contradicción con ese “liderazgo de pantalones largos” que algunos reclaman y otros aplauden. Básicamente, entra en conflicto con los estilos autoritarios y  machistas de un país de cultura monárquica, feudal, patronal y patriarcal. Como ningún liderazgo se ejercita y ejecuta en el vació surgen problemas derivados de las múltiples coyunturas a las que debe responder: qué algún ex presidente o ministro del Interior tire la primera piedra.

En ese contexto dos son las referencias y demandas que se hacen en el último tiempo en relación al liderazgo debilitado que manifiesta Bachelet; y que, por tanto, se expresa en una “falta de conducción” y en una “paralización política”: las reformas y la salida a la crisis.

La coyuntura actual –sobre todo, desde CAVAL- ha puesto en duda no sólo la capacidad de Bachelet de liderar las “reformas estructurales”, sino también la legitimidad de las mismas. Hemos visto, toda una operación política –si se quiere, espontánea- en torno a debilitar las reformas por medio de afirmaciones y opiniones dirigidas a cuestionar y erosionar la credibilidad y el liderazgo de la presidenta, a instalar la necesidad de volver al clima de “los acuerdos” y a los liderazgos de “pantalones largos”. Desde que se explota el caso CAVAL se consolida la tesis de que Bachelet no tiene “credibilidad” para seguir impulsado el “programa de la inclusión y la igualdad”, sobre todo, cuando está contaminada por un caso de “enriquecimiento familiar” como lo planteo al derecha desde el primer día. En consecuencia, no hay piso “moral ni político” para seguir con las “reformas estructurales”.

La otra referencia de las últimas semanas sobre su liderazgo se relaciona con la actual crisis de credibilidad. Desde todos los sectores se ha insistido en que se necesita su conducción y liderazgo para superar esta “compleja y difícil” coyuntura. Curiosamente, los mismos que afirman que no tiene liderazgo ni credibilidad, le piden y exigen que asuma la conducción de la crisis actual. Sin duda, en un régimen presidencial es indispensable esa concurrencia. Precisamente, es lo que ha estado ocurriendo.

El triángulo de las Bermudas (PENTA-SQM-CAVAL) vino a profundizar un crisis instalada en la sociedad chilena desde mediados de los noventa y que encuentra raíces en la forma en que se pactó la transición una década antes hacia mediados de los ochenta. En consecuencia, ya no sólo se trata de una crisis de credibilidad, de representación y de participación, sino también de probidad y transparencia.

¿Qué crisis debe liderar Bachelet: todas o sólo la referida al financiamiento de la política y la probidad en los negocios?

Bachelet ha estado liderando la crisis: Tres son las acciones.  En primer lugar, desde el primer momento recurrió a la doctrina de que hay que dejar que las “instituciones funcionen” y por extensión que la justicia haga su trabajo y que se operara con la “mayor transparencia”. Desde esta señal no hay “arreglo” posible. “Que se investigue a fondo todo lo que haya que investigar” ha afirmado la presidenta.

En segundo lugar, está la acción orientada a regular la relación dinero-política por medio de la Comisión Asesora Presidencial contra los “conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción”. A pesar de las críticas iniciales, la Comisión tienen legitimidad como para que sus propuestas sean la base del proyecto de ley que debe entrar al congreso a la brevedad y que tiene que apuntar a resolver problemas de financiamiento, de probidad y de transparencia.

Junto a estas dos acciones concretas orientadas a resolver la actual crisis de la política hay una tercera que se orienta hacia un conjunto de iniciativas que apuntan a una democracia más transparente como por ejemplo, el proyecto sobre declaración de patrimonio e interés y la pérdida del cargo parlamentario. En este punto hay mucho por hacer y el gobierno está al debe; probablemente, con las propuestas de la Comisión Asesora se podrá avanzar en medidas que apunten a profundizar la democracia chilena no sólo desde el punto de su transparencia, sino también de la participación.

Sin duda, son tres casos concretos en los que la presidenta ha liderado. De hecho, en un régimen presidencial de rasgos monárquicos es inevitable esta concurrencia. No podemos olvidar, por otro lado, que también los partidos y los centros de pensamiento han realizado estudios, informes y planteamientos en torno a generar una democracia más transparente y de ese modo contribuir en alguna medida a resolver la actual situación. Del mismo modo, los parlamentarios han ingresado un conjunto de iniciativas –mociones- con el fin de profundizar y transparentar la democracia: reducción dieta, pérdida del cargo, iniciativa popular de ley, control ciudadano, etc.

Pero, el tiempo de los diagnósticos, reflexiones y evaluaciones se está acabando. Más bien se acabó. De hecho, la entrega del informe de la comisión asesora no sólo marca un antes y un después en la administración y resolución de la crisis, sino también marcará el ingreso de Bachelet a la arena política con mucha fuerza y liderazgo. De hecho, desde hace unas semanas se ve una presidenta más involucrada en la coyuntura. Ha llegado el momento de tomar decisiones.

En ese sentido, la élite ya tiene un acuerdo tácito y explícito: se ha impuesto la tesis del caiga quien caiga. No puede haber “arreglín” ni “chanchullo”. Luego, los parlamentarios para avanzar en una solución a la crisis de credibilidad y transparencia tendrán no sólo que “cuadrarse” con el proyecto o proyectos que mande el ejecutivo, sino también tendrán que acelerar su tramitación.

Sin embargo, es evidente que los temas de financiamiento, probidad y transparencia son sólo una parte de una crisis que encuentra raíces en factores que no se vinculan con los casos que he llamado el triángulo de las Bermudas: PENTA-SQM-CAVAL. Estos, más bien, vinieron a profundizar una crisis que ya estaba instalada y que cada cierto tiempo salía de su latencia para explotar en medio de la élite política.

En consecuencia, regular la histórica relación entre la política y el capital con normativas más severas y transparentes sólo va resolver a corto y mediano plazo los aspectos asociados a la transparencia y al financiamiento de la democracia: ¿alguien puede creer que la credibilidad de la política se va restituir porque “ahora sí” hay una normativa severa en temas de probidad? 

Evidentemente, para avanzar hacia una democracia más participativa, más representativa y más legítima se requiere –por cierto, complementariamente- no sólo iniciativas que apunten hacia una profundización democrática –y quizás, más directa-, sino también hacia una real y esquiva –hasta hoy- sociedad democrática. Queda mucho por hacer.

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