sábado, 30 de abril de 2016

La legitimidad del proceso constituyente

INFORME CONSTITUYENTE # 02
25-abril-2016

El proceso constituyente está en marcha. Indefectiblemente, en un par de años Chile tendrá una nueva constitución nacida en democracia. Ello, independientemente, de si el actual Congreso no aprueba la reforma constitucional que posibilita que el próximo Parlamento defina uno de los cuatro  mecanismos de discusión y aprobación. Es, finalmente, una cuestión de tiempo.

Desde el mismo día que se firmó la Constitución de Lagos en el 2005 comenzaron las presiones y las voces por más reformas o por una nueva Carta Magna. Fue, en consecuencia, un tema de campaña en las dos últimas presidenciales que se ha instalado en el debate público para quedarse y convertirse en realidad en los próximos años. Hay que reconocer, que este hecho es un triunfo político de  Bachelet y la Nueva Mayoría.

Podemos ir más lejos y constatar que el clamor por una nueva constitución se remonta a  mediados de los ochenta cuando desde la oposición surge la demanda olvida –o tranzada- no sólo por una nueva Constitución, sino también por una Asamblea Constituyente: estoy pensando en el discurso de Frei en el Caupolicán, en el Grupo de los 24 o en la Alianza Democrática.

No podemos desconocer que la reforma constitucional de Lagos fue importante en el desmonte de la “democracia protegida”. Era evidente, en aquel momento que era un cambio insuficiente –pero, necesario y relevante- ya que no sólo seguía con “vicios de origen”, sino también no daba cuenta del nuevo Chile que comenzaba a emerger y de la nueva correlación de fuerzas que se comenzaba a insinuar. La movilización estudiantil y ciudadana del 2011 vino, definitivamente, a sellar la suerte de la constitución pino-laguista: había llegado el momento de un cambio de forma y fondo.

La presión política y ciudadana por una nueva constitución, nacida en democracia y con la participación de todos los sectores políticos y sociales del país, nos tiene hoy en un proceso constituyente en marcha que cada día va ganando en legitimidad.

Aquí, radica el problema político más importante de la nueva constitución: su legitimidad. Este es, sin duda, el requisito fundamental.

La derecha debe entender, sobre todo, el gremialismo, que la constitución del ’80 fue diseñada –independientemente, de sus méritos, éxitos o fracasos- entre cuatro paredes –comisión Ortuzar-, con Estado de sitio, con represión política, sin participación ciudadana y con amplios sectores del país –la centro izquierda- ajena a ese proceso. Es más, su mecanismo de aprobación –un plebiscito espurio- tampoco goza de la legitimidad necesaria.

Que la oposición al régimen, haya optado por participar de la lucha política que esa institucionalidad trazaba con las reformas del ’89 incluidas, no es condición suficiente para desconocer su ilegitimad de origen. Como tampoco, las sucesivas reformas que se le han hecho. No obstante, la participación de la oposición en esa trama institucional contribuye, sin duda, a aumentar sus niveles de “legitimidad de uso”. Llevamos 26 años funcionando bajo su normativa y disposiciones. Llevamos 26 años practicando las reglas de una “democracia protegida” que anula la soberanía ciudadana y la esencia democrática.

Sin embargo, la demanda por una nueva constitución surge y se instala –cada vez con más fuerza- no sólo por sus “vicios de origen”, sino también porque no responde al Chile que emerge post Lagos y que se consolida con las movilizaciones del 2011. Bachelet, en el discurso de octubre del 2015, en el que pone en marcha política e institucional el proceso constituyente afirma que “la actual Constitución tuvo su origen en una dictadura, no responde a las necesidad de nuestra época ni favorece la democracia. Ella fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría… nació sin legitimidad y no ha podido ser aceptada como propia por la ciudadanía”.

Sumando y restando, estamos inmersos en un proceso constituyente. Ello, no obstante, genera dudas y temores de unos y de otros. Lo primero, en consecuencia, es que este proceso constituyente que conduce a una nueva constitución debe lograr “legitimidad de origen” y “legitimidad de uso”.

Por ello, la fórmula bacheletista de que debe ser “institucional, democrático y participativo” es una buena respuesta. Institucional, porque se genera dentro de los cauces institucionales asegurando continuidad institucional; democrático, porque se va realizar con las reglas de la democracia y participativo, porque “todos” –desde los 14 años- pueden participar de los “debates ciudadanos”; que, según dicen, serán la base conceptual e ideológica del proyecto de nueva constitución. 

Afirmar, que la trinidad –“institucional, participativo y democrático”- es una buena respuesta, no implica, desconocer que se trata de un proceso incierto, un poco gelatinoso, una especie de híbrido que está lleno de dudas y cuestionamientos. En este contexto, en consecuencia, debe acumular legitimidad.

Lentamente, todos los sectores se van incorporando al proceso constituyente. Las resistencias de Piñera han cedido y ha terminado afirmando que compromete su “plena y leal colaboración”. Lo mismo ha ocurrido con sectores de la derecha, incluido, el “Chile Vamos”. La UDI, nuevamente, va transitando hacia el aislamiento.  Sin embargo, no sólo se trata de que participen los partidos y los líderes de opinión –políticos, incluidos-, sino también que en la fase de los diálogos ciudadanos participe la mayor cantidad de personas. Este hecho, será la primera prueba de este proceso: poca gente lo debilita, mucha gente lo fortalece.

La legitimidad del proceso constituyente se va construyendo día a día. Es, en consecuencia, un problema político que va estar presente en todo el proceso y siempre lo va poner en duda; es más, hasta el plebiscito de ratificación la legitimidad estará amenazando con debilitarlo. 

La Constitución del nuevo Chile no puede nacer con “vicios de origen”. La nueva Constitución no puede tener debilidades de “legitimidad de uso” y no sólo debe responder a las demandas del Chile que está emergiendo, sino también a la nueva correlación de fuerza que se esta instalado.

viernes, 29 de abril de 2016

Bachelet pone en marcha el proceso constituyente

INFORME CONSTITUYENTE # 01
18-Abril-2016

Bachelet ha dado inicio al proceso constituyente. En rigor, inaugura –en octubre del 2015- una nueva fase que abre la operatoria del proceso ya que la “elaboración de una nueva Constitución partió del momento en que millones de chilenos y chilenas manifestaron en las urnas su voluntad de cambio”.

El diagnóstico que funda este hecho es que “Chile necesita una nueva y mejor Constitución, nacida en democracia… legitima y respetada por todos”. Hay dos motivos fundamentales para este cambio. En primer lugar, que la actual Constitución “tuvo su origen en dictadura… y que fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría. Por eso nació sin legitimidad y no ha podido ser aceptada como propia por la ciudadanía”; y, en segundo lugar, porque hoy no responde a las demandas y necesidades del Chile actual.

Hay un tercer elemento que justifica la nueva Constitución; se trata, de que si bien al actual ordenamiento jurídico se le han hecho “cambios importantes, que han atenuado su carácter autoritario, aún tiene mecanismos que obstaculizan el pleno ejercicio de la democracia y no pueden ser eliminados con nuevos intentos parciales”. En definitiva, la justificación política del cambio se encuentra en que tiene vicios de origen, es autoritaria y no responde a las necesidades del Chile de hoy.

En consecuencia, se da inicio al proceso constituyente. No obstante, este necesita para ser exitosa altos niveles de legitimidad. Una Constitución es la “madre de las leyes de un país… -que fija-… las reglas básicas de nuestra convivencia política y la que crea las bases jurídicas para hacer posible el progreso”. La Constitución define, esencialmente, los valores, los deberes, los derechos y las instituciones del ordenamiento político y social del país.

No es casualidad, por tanto, que el llamado y la convocatoria a participar esta cruzada de frases que rescatan el valor de la nacionalidad, la unidad y el consenso: “respetada por todos… techo común… que nos albergue a todos, nos proteja a todos y nos permita avanzar juntos… -hacia una-… sociedad más abierta y moderna”.

Por ello, es un proceso en “el que todas y todas estamos invitados…y convocados” a participar. Para el logro de ese objetivo fundamental para la legitimidad, “haremos todo lo necesario para que nadie se sienta excluido… daremos garantías para que todas las voces de Chile puedan expresarse y sean parte de un cambio necesario”.

En consecuencia, sobre la bases de una necesidad política y de un conjunto de principios se pone en marcha un itinerario constitucional que tiene que culminar, en no menos de cincos años, en una nueva Constitución.

La cronología constitucional se manifiesta en nueve fases. Hoy, estamos entrando –hace una semana- al segundo momento que se extiende hasta agosto; se trata, de tres meses y medio de “diálogos ciudadanos”. Lo relevante de la fase, es que estas conversaciones reguladas y metodológicamente dirigidas, serán la base conceptual e ideológica para redactar la nueva Constitución luego de una síntesis nacional.

Sin entrar en el detalle de los tiempos constitucionales hay un momento relevante; que, eventualmente puede frenar y limitar este itinerario constitucional. Se trata, de que como la actual Constitución no tiene mecanismos institucionales que hagan posible su reemplazo por otra, el gobierno enviará a “fines del 2016… un proyecto de reforma constitucional para que, por 2/3 de sus miembros en ejercicio, establezca los procedimientos que hagan posible dictar una nueva Carta Fundamental… propondremos al actual Congreso que habilite al próximo para que sea él quien decida… el mecanismo de discusión del proyecto… y las formas de aprobación de la nueva Constitución”.

El problema radica, por tanto, que este Congreso puede rechazar esta propuesta. ¿Qué sucede en ese caso?

El gobierno ha definido cuatro mecanismo posibles: “una comisión bicameral de Senadores y Diputados… Una Convención Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos… la convocatoria a una Asamblea Constituyente… -y, la posibilidad-… de que el Congreso pueda convocar a un plebiscito, para que sea la ciudadanía la que decida entre las anteriores alternativas”.
Será, en consecuencia, el próximo Congreso que inicia funciones en marzo del 2018 el que deberá decidir por los 3/5 de sus miembros en ejercicio, el mecanismo que discutirá y redactará la nueva Constitución.

La discusión inicial, como se ha dicho, se hará sobre la base de un proyecto de ley que el gobierno enviara al Congreso “a inicios del segundo semestre del 2017”; y que, se construirá sobre “las Bases Ciudadanas” que hoy se están construyendo desde la ciudadanía. La presidenta ha afirmado que “transformaremos las Bases Ciudadanas en un proyecto de nueva Constitución que recoja lo mejor de la tradición constitucional chilena y que esté acorde con las obligaciones jurídicas que Chile ha contraído con el mundo”.

El proceso constituyente está en marcha. Hoy, es el turno de los ciudadanos de “a pie” que por medio de una consulta digital, Encuentros Locales y Cabildos provinciales y regionales tiene la “posibilidad” de participar de un momento crucial para los próximos 30, 40 o 50 años. No obstante, no podemos dejar pasar las palabras de la presidenta en este mismo discurso en el sentido de que “esta reforma debe tener aceptación transversal y amplia mayoría; y darse a través del diálogo franco con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento”.

miércoles, 27 de abril de 2016

Un funeral de Estado como hecho político

Abril-2016

La muerte del ex Presidente Aylwin tiene efectos políticos de corto plazo. El fallecimiento de una figura política del tamaño de Aylwin no sólo es una cuestión humana asociada a los ritos de la muerte, sino también un hecho político en sí mismo que genera efectos de poder. No se trata, sin embargo, de usar políticamente este hecho de la vida; más bien, se busca entender que esta coyuntura es un hecho político que genera y refuerza las condiciones políticas y sociales que hacen posible y deseable la “restauración conservadora” que se ha puesto en marcha desde el cambio de gabinete de Mayo del año pasado y que se ha consolidado con la tesis de que la “obra gruesa” del gobierno reformista ha terminado.

Discursos, opiniones y homenajes apuntan en una dirección: construir un Aylwin ejemplar, un demócrata como pocos y el hombre clave de la transición y la pacificación de Chile. Y de fondo un solo mensaje: volver a los consensos, a los acuerdos y a la política de “en la medida de lo posible”. En definitiva, a perpetuar el neoliberalismo con ajustes igualitaristas.

Curioso que los políticos olviden que la política es justamente lo contrario: mover las barreras de lo posible y transformar los sueños en realidad, el proyecto en programa y el programa en acciones y leyes orientadas a construir un país mejor, al menos distinto.

El show mediático de sus funerales nos quiere hacer creer –como forma de construir realidad- que todo el país está pendiente y de duelo; que el funeral masivo a unido a la familia chilena y que este hombre bueno y estadista es un ejemplo que debemos seguir: austeridad –en un país dominado por la avaricia y la simulación-, capacidad de dialogo –en un país que no se escucha-, vocación de consenso –en un país dividido por la tesis de la retroexcavadora- y los valores de la familia, la justicia y la amistad cívica –que se pierden en una sociedad competitiva y mercantilizada-.

Esos mismos medios -que días tras día siembran miedo- olvidaron que a pocos metros una marcha de estudiantes congregaba a más de 100 mil manifestantes dando cuenta que otro Chile si es posible. Nos quieren hacer olvidar su rol de golpista en el gobierno de la Unidad Popular, su apoyo político inicial a la dictadura cívico-militar y que su gobierno sembró las bases estructurales para el Chile post-dictadura. Nos quieren hacer creer que este hombre de Estado fue el gran constructor de la democracia y la justicia, olvidando que fueron miles los que arriesgaron su vida para esa conquista; y, de paso, olvidar como Gabriel Valdés fue sacado de la carrera presidencial y Almeyda terminó apoyándolo desde la cárcel.

No hay que olvidar, que muchos contribuyeron a recuperar la democracia; pero, poco –entre ellos, Aylwin- a consolidar una “democracia protegida” y profundizar un modelo económico que mercantiliza la vida. No es cierto ni justo, que el ex presidente se lleve los honores y el lugar del gran constructor de la democracia: Aylwin, sólo fue la cara visible y el operador de un acuerdo tomado a fines de los ochenta entre los militares, la derecha y la oposición de la época: los mismos que hoy transitan por los tribunales y se reparten los privilegios del poder y el botín del Estado.

La élite política se ha dado tregua. Desde la UDI al PC han hecho “guardia de honor” y han olvidado –más bien escondido- por tres días sus diferencias. Altamirano llega a pedir perdón y Andrade da por terminada una época. La élite, cerrada en sí misma y con altos nivel de reproducción auto referente llora y rinde honores a uno de sus más conspicuos representantes. La élite, ante las miles de personas de “a pie” que llegan al “funeral/homenaje popular” y mediático ve luces y esperanzas no sólo de volver a ser querida y respetada por esos ciudadanos, sino también de revertir la crisis de confianza. Creen, haber captado el mensaje del pueblo –más que mal fue el Puma Rodríguez a los funerales-: hay que ser como Aylwin es la enseñanza y la ilusión. Esa, es la clave para salir del despeñadero. La llave maestra, no es el perdón.

La élite ha encontrado la fórmula para evitar el desmantelamiento del Chile neoliberal: el Chile de la salud y el bienestar mercantilizado, el Chile de la educación privada, el Chile dominado por el dinero, el Chile de las pensiones indignas, el Chile del agua privatizada y entregada al gran capital, el Chile de la enajenación minera, el Chile de la depredación del mar, el Chile de las forestales, el Chile de la inseguridad, el Chile de los mall, de las teleseries, de los reality, de los matinales y de la farándula, el Chile de la soberbia piñerista, de la confusión bacheletista, del iluminismo laguista y de la inconsecuencia y fragilidades de la Nueva Mayoría, el Chile de las grandes fortunas, el Chile de la impunidad y el Chile policial que nos sabe cómo resolver el problema de la Araucanía y de la seguridad de sus calles.

El funeral de Estado ha terminado no sólo por convencer a la élite política –y, por defecto a la empresarial- que ha llegado la hora de la restauración conservadora, de volver a los consensos, a los acuerdos, a las negociaciones cupulares y a la pacificación, sino también que el pacto DC-PS es la estabilidad de Chile.

La muerte del ex presidente –como hecho político- ha vuelto a unir a una élite que se estaba distanciando, y según muchos, ese hecho estaba destruyendo el país. Ahora, deben encontrar el hombre o la mujer post-bachelet que rescate la moderación, la gradualidad y evite la derrota definitiva de una élite que ha gobernado este país por casi 50 años. 

Terminado el show mediático, nada ha cambiado y nada va cambiar. Son los mismos de ayer. Y mientras tanto, una nueva generación se abre paso en medio del terror de una élite que para mantener su lugar necesita anular la soberanía ciudadana. No hay políticos santos ni buenos. La política es cruda y brutal.

sábado, 23 de abril de 2016

Derrota y muerte de una ilusión: el caso del 123 Ñuñoa

Abril-2016

Los hechos de la coyuntura han ido decantado por la fuerza de las tendencias involucradas y las urgencias de los tiempos. Hace siete meses escribí un artículo sobre “los problemas políticos del 123 Ñuñoa” en que se identifican tres nudos políticos que de no resolverse el proyecto estaría condenado a desaparecer y convertirse en cenizas. Esas tensiones eran: el aislamiento de la DC, la imposibilidad de hacer primarias legales –confundiendo dos proyectos de ley distintos- y las desconfianza instalada en el seno de la plataforma. Estos hechos, se ramificaban en un conjunto de preguntas que tampoco fueron resueltas.

Sin embargo, en aquélla ocasión existían otras situaciones que no fueron analizadas por cuestiones de espacio y para no perjudicar ciertos personajes que a todas luces no lo estaban haciendo bien desde el punto de vista de la articulación política. Me refiero a la débil conducción política de la coordinación y al silencio de los partidos que siempre vieron y supieron que esto no funcionaba y que callaron ante la visibilidad que le otorgaba a ciertos candidatos la socialización de las acciones de esta inédita plataforma: asambleas, acciones en ferias –ufff, que originalidad-, posicionamiento ciudadano, etc.

No puedo dejar de mencionar –como parte del análisis y sus efectos en la política- que en esa ocasión fui vilipendiado y fuertemente criticado en lo personal. Lo curioso, es que en público el artículo era renegado y criticado sin contra argumentaciones –exacto, ninguna crítica a la altura- y en privado sólo recibía alabanzas: lamentablemente, el cinismo y la mentira son parte de los recursos disponibles del poder: que ganas de desclasificar la historia oculta que ronda en torno a la sucesión de Sabat en ambos bandos.

Desde ese momento y por esa coyuntura deje de participar en las actividades del 123. Las críticas llovieron: la coordinación del 123 se dio el lujo de vetar los siguientes artículos –fue una decisión que tomo la coordinación y algunos presidentes de partido para no perjudicar el proyecto no viendo y callando que ellos mismos eran los sepultureros-, mi ex partido con prácticas estalinistas me solicitó no seguir escribiendo sobre el asunto para no perjudicar su opción que consideran como un “derecho natural”; otros, escribieron artículos sin argumentar –dominados por el voluntarismo-  descalificando mi rol de consultor y suponiendo situaciones inexistentes. Y, finalmente, están los ingenuos y entusiastas colaboradores –ajenos a los partidos- que en una mesa decían que no les gustaba el artículo porque sin esa opción no quedaba más remedio que volver a casa sin encontrar espacio para participar de la política local ante el cierre cupular que los partidos hacen –dirigentes y militantes- para cuidar sus insignificantes, irrelevantes e ilusorias cuotas de poder.

Lo que más sorprende es la incapacidad intelectual, teórica y política de entender un análisis que iba en la dirección de fortalecer la iniciativa desde la política. En rigor, si entendieron y no hicieron nada; al contrario, callaron y estiraron el elástico hasta obtener los mayores beneficios: partidos, dirigentes locales y candidatos.

Ha pasado el tiempo y hoy surge una pregunta que no puedo dejar pasar: ¿quién tenía la razón?; ¿cuáles eran las preguntas correctas?; ¿quién equivoco el diagnóstico?

El asunto sigue siendo político porque el proyecto unitario fracasó y tendrá efectos de poder. No me pidan que les diga cuáles.

La derrota de la “crónica de una muerte anunciada” no sólo se manifiesta en que no habrá primaria unitaria ni programa único –a propósito ¿qué partido está haciendo uso de todo el material producido para generar ese programa?, ¿quién lo tiene?, ¿dónde está?- sino también –y, sobre todo- en que no habrá candidato único y la competencia de octubre será, al menos, a dos bandas. Hay que apuntar, que este hecho ya estaba en la mesa desde noviembre y que las tesis de Frente Amplio no es ninguna novedad: no se hagan los sorprendidos.

Surge otra pregunta: ¿quién se hace cargo de la derrota política del 123?, ¿quién tiene que pagar el costo político?

El alcance político y mediático del 123 fue tan mínimo que los costos políticos se reducen y sus responsables pasan inadvertidos. Seamos honestos: ¿qué “ciudadano de a pie” sabe o sabía sobre la existencia de esta plataforma?, ¿a que “ciudadano o ciudadana de a pie” le interesa o interesaba el proyecto unitario?

Resulta curioso, observa que los más entusiastas con el proyecto unitario son los mismos que lo dejaron caer. Obviamente, el costo lo pagan los ingenuos. Si no hay costos que pagar es porque el proyecto nunca logro despegar ni entusiasmar. Nunca fue visible. Siempre, fue sólo voluntarismo y ansias de protagonismo a corto y largo plazo.

El proyecto 123, se encontró en el camino con una amplia gama de problemas que no pudieron ni tuvieron la voluntad, la capacidad ni el interés de resolver: ¿hablaron directa y francamente alguna vez con la DC?, ¿hicieron alguna vez un ejercicio para generar confianzas al interior de la asamblea?, ¿de dónde sacaron que una primaria costaba tres millones de pesos y que podían hacerla con voto electrónico?, ¿a quién se le ocurrió comenzar a organizar esa primaria en verano?, ¿de dónde sacaron que el programa unitario podía hacerse sin candidato y que éste debía recibirlo como las tablas de la ley?, ¿a quién se le ocurrió que los partidos –centralizados, nacionalizados y disciplinados- firmarían un cheque en blanco por dichas primarias sin escuchar antes a sus direcciones nacionales y sin conocer las dinámicas de negociación municipal en las que estaban inmersos?, ¿qué legitimidad tenía una coordinación incapaz de conducir el proceso unitario y que hacia agua por todos lados?, ¿por qué los partidos dilataron su participación cuando sabían que el asunto no iba a funcionar?, ¿qué proyecto político serio puede surgir en una mesa de un bar?

Al final de cuentas, la Asamblea –que le dieron carácter de soberana, siendo que la soberanía estaba radicada en la coordinación- tenía entre sus participantes a los mismos de siempre que rondan en todas las actividades políticas, sociales y ciudadanas de la comuna. Que era soberana y que estaba integrada por los ñuñoinos y ñuñoinas ávidos de política y participación era y es una mentira: desde el primer día fue capturada por los partidos y sus candidatos. 

Todos vieron, finalmente, el triunfo cerca y quisieran acomodarse y participar del reparto del botín municipal. El problema es que no supieron cómo hacerlo. Es más, no les interesaba. Todos usaron el 123 Ñuñoa para sus fines; y, cómo esos fines eran incompatibles –nadie cedió nada- lo dejaron caer y morir.